En el trigésimo aniversario del asalto Corte Suprema de Colombia, es hora de condenar a los malos

Carlos Urán
Carlos Urán
Ana Maria Bidegain

Cuando el cadáver emergió de la tumba, un hueco del tamaño de una moneda de diez centavos perforaba el cráneo. El fémur y un dedo estaban partidos como ramitas, la clavícula cascada y había plomo en el pecho.

"El cuerpo fue quemado y rociado con agua luego de la muerte", determinó el patólogo forense. Luego vino la conclusión, "Torturado, baleado a quemarropa. Ejecutado y encubierto".

El misterio del antiguo asesinato de Carlos Urán debió haber terminado el día en que las autoridades colombianas exhumaron su cuerpo en 2010. Pero ese era solo el comienzo. El Gobierno se rehusó a emitir dos citaciones a sus matadores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al presidente Juan Manuel Santos por mal manejo del crimen. Ahora, al cumplirse exactamente 30 años de la matanza de Urán y de otros 129, un proceso de paz defectuoso promete aniquilar el asunto de una vez por todas.

"Durante 22 años nos engañaron haciéndonos creer que Carlos había muerto en la balacera", dice Ana Bidegain, la viuda de Urán y maestra de la Universidad Internacional de la Florida. "Ahora todo lo que queremos es que ellos reconozcan el daño que le han causado a nuestra familia y que no le ocurra a nadie más".

El asalto a la Suprema Corte en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, donde murió Urán, resultó en un evento fundamental tanto en la lucha americana contra el narcotráfico, como en la vieja guerra civil colombiana de hace medio siglo. Impulsados por un millón de dólares dispensado por los capos de la región, entre ellos, Pablo Escobar, los comunistas irrumpieron en el Palacio de Justicia matando a tiros abogados y jueces. En alguna parte, en medio del caos, las resmas de registros legales que hubieran podido dar condena a Escobar y estrangular la importación de droga hacia los Estados Unidos, fueron incineradas.

Urán había supervisado un tribunal que contemplaba el abuso de poder por parte de decenas de soldados. Había pujado por un diálogo que los militares rechazaban y había estado envuelto con grupos cristianos que buscaban la paz. El día después del ataque, sonó el teléfono de Ana Bidegain. "Me llamó un amigo, un periodista de Caracol (radio)", recuerda ella. "Me dijo, 'Lo vi saliendo del edificio. Estaba herido, pero moviéndose. Encuéntralo. Encuéntralo'".

Ana entonces buscó un borroso informe de noticias en el que parecía verse a su esposo saliendo del edificio, rodeado de soldados. Lo llevó a los militares con la esperanza de que la ayudaran a encontrarlo. Un oficial le prometió verificarlo y la llamó 24 horas más tarde.

Tres días después del asalto, la familia se enteró de que Urán estaba muerto. Un amigo identificó el cadáver en una morgue. Estaba desnudo, desfigurado, espantoso. Lo habían encontrado en un patio del Palacio entre decenas de otros cadáveres desvestidos. Iba identificado simplemente como "N.N." Nadie sabe por qué. Todos asumieron que había muerto en medio de la balacera. Ana sospechaba que había algo más en aquel cuento, pero la intimidaron.

"Ellos dijeron que no era Carlos," recuerda. "Les tuve que creer. No me quedó de otra. Tenía que proteger a mi familia, mi vida".

Hubo un funeral. Los años pasaron, Escobar se entregó y el M-19 se transformó en las anárquicas fuerzas de las FARC. Miles murieron combatiendo en las selvas y muchos otros fueron secuestrados para pedir rescate. Mientras la milicia fue adquiriendo poder con los gobiernos subsiguientes, incluyendo el de Álvaro Uribe (quien está programado para asistir a la conmemoración del 30 aniversario de la toma del Palacio de Justicia este viernes en Miami), el asesinato de Urán se diluyó entre todos las otras desapariciones no resueltas del asalto (empleados de la cafetería, conserjes y abogados). Durante años, nadie supo cuántos murieron. Había demasiada sangre.

Las cuatro hijas de Ana crecieron y salieron del país. Estudiaron en Estados Unidos, Europa y en el nativo Uruguay de su madre, sin saber nunca lo que había ocurrido con su padre.

"Con diez años de edad nada me hacía sentido", recuerda su hija Helena. "Él podría haber regresado a nosotras, a sus sueños... Colombia nos cerró las puertas, desbarató nuestra familia".

Para el 2005, antes de que el tiempo pudiera sanar las heridas, las mentiras empezaron a desenmascararse. Primero, una comisión de la verdad calificó de "desproporcionada" la reacción militar ante los ataques. Vehículos blindados, armas automáticas, palizas y brutales interrogatorios, se les había ido la mano.

Luego, en 2007, un periodista conocido como Flip Gómez, sacó a la luz un video donde claramente se mostraba a Urán siendo arrastrado a las afueras del edificio durante el asalto. Un soldado llevaba una pistola en alto. El juez iba cojeando. Su brazo parecía roto. Esto solo vino a confirmar lo que otra periodista, Julia Navarrete, dijo haber visto. Dos soldados sacaron a Urán del edificio y lo entregaron a la defensa civil (agentes militares) quienes procedieron a llevárselo en una camilla.

Ana, por cuenta propia, halló otro video entre los archivos de una escuela de Periodismo de derecha. Este mostraba la misma escena, pero desde un ángulo diferente.

"Esto es lo emblemático de todo el problema", recalca ella. "Tomaban video de lo que ellos consideraban como una proeza maravillosa. No entendían que era algo poco profesional. No entendían el desastre que habían hecho."

Los videos clarificaron la cruda verdad. El cuerpo sin vida y deshecho de Urán había sido encontrado entre las ruinas del Palacio de Justicia de manera que pareciera haber muerto en medio de la balacera. Incluso varios testigos declararon ante la comisión de la verdad, la manera en que habían disparado de muerte a Urán. Pero, ¿ entonces cómo los soldados habían podido torturarlo (aún con vida) afuera del edificio?

Ángela María Buitrago, una preciosa profesora de Derecho de cabellera marrón, halló *dos videos más. Hacía tiempo que había estado investigando sobre las desapariciones y el probable abuso militar en el Palacio.

Tenía en la mira a dos generales que habían preparado un plan para eliminar a los rebeldes del M-19. Lo llamaron "tricolor" en honor a la bandera colombiana. (Estos generales, junto a otros tres -todos chivos expiatorios por una conspiración de mayor envergadura- eventualmente recibirían largas condenas en prisión).

Al poco tiempo, Buitrago destapó una caja de metal en una base militar al norte de Bogotá, donde encontró evidencia aún más contundente. En la caja se encontraba la billetera de Urán y dentro de la misma, una fotografía de Ana, dos tarjetas de crédito, una identificación de concejal estatal y un boleto de la lotería. Todo perforado por una bala. En la caja también había una lista que leía "Guerrilleros del M-19 muertos en combate". Extrañamente, el nombre de Carlos Urán figuraba en la misma.

El factor determinante vino luego de que la Corte pidiera remover el cadáver de la tumba para realizarle una autopsia. El patólogo forense confirmó que Urán había sido disparado a quemarropa con una bala de nueve milímetros. El cuerpo había sido lavado e incinerado para encubrir el crimen, pero la implicación estaba clara: Urán había sido torturado y luego arrojado a las ruinas nuevamente para que pareciese que su matanza se tratara de simples daños colaterales.

"Había infinidad de pruebas que nos llevaron a pensar que nuestro padre había sido asesinado por la milicia", comenta Anahí, una de las hijas mayores de Urán.

Buitrago redactó una citación en contra de los tres líderes militares que habían planeado y guiado el ataque durante el tiempo en que probablemente habían asesinado a Urán y a quienes los testigos habían citado como presuntos implicados: Jesús Armando Arias Cabrales, Carlos Fracica y Rafael Hernández.

La evidencia, a su juicio, era sólida. Sin embargo, nunca fue aprobada por su supervisor.

"La oficina del procurador no cree que esto deba ser investigado", dijo al Nuevo Herald el presidente de la comisión de la verdad.

Efectivamente, seis meses más tarde, Buitrago se vio forzada a renunciar. La citación nunca sería emitida.

Frustrados por la inactividad en casa (la mayoría de los líderes militares, principales responsables del asalto, se encontraban libres y de su cuenta) los defensores presentaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasilia, la cual emitió un férvido reporte inculpando a los líderes colombianos de violación a los derechos de Urán y su familia, así como los de otros doce bajo "desaparición forzada, ejecución y tortura".

"El ejército tiene un control absoluto sobre el país", dice Ana Bidegain. "Me mintieron, empujados por presidentes y después todo lo que dijeron ante la corte fue una farsa (cosas que me constan son falsas) solo por proteger a la milicia. No funcionó."

Y como era de esperarse, ni tan siquiera el hallazgo de la corte forzó a Colombia disculparse con la familia.

Más sorprendente aún, es que Estados Unidos le halla seguido el juego a Colombia, ignorando llamadas de activistas de todas partes del mundo para retirar la ayuda (que totaliza más de US$8 billones en una década) por violaciones a los derechos humanos como la de Urán.

"Las torturas, las matanzas, las 'desapariciones' y el asesinato de no combatientes son fenómenos generalizados", según Amnistía Internacional. "(Aún así) Estados Unidos ha continuado una política de echar 'leña al fuego' sobre las ya generalizadas violaciones a los derechos humanos".

El mes pasado, un nuevo fiscal redactó una segunda citación para los tres generales involucrados en el caso de Urán. Ese documento, al igual que al anterior, ha sido ignorado hasta el momento.

Recientemente, en la Habana, los líderes de Colombia y de las FARC llegaron a un acuerdo tentativo que muy probablemente no sancionará a aquellos que cometieron los crímenes en el Palacio de Justicia. Aunque se ha hablado de una "Jurisdicción Especial de Paz" que plantea investigar los reclamos de abuso y asesinato, los casos más antiguos, eventualmente quedarán bajo la alfombra, cosa en la que coinciden Ana Bidegain y la mayoría de observadores internacionales. Habrá asuntos más recientes y pertinentes en los cuales trabajar. Un acuerdo definitivo se espera para marzo próximo.

La familia de Urán aún no se rinde. Han suplicado al presidente Santos llevar a cabo una ceremonia esta semana en conmemoración de los 130 fallecidos durante el asalto al Palacio de Justicia, además de reconocer las injusticias cometidas.

Se enviaron docenas de comunicaciones, de las que obtuvieron una respuesta únicamente, "Nos pondremos en contacto con ustedes más adelante".

"Al Gobierno no le interesa ayudar a las víctimas", dijo Helena, quien ahora reside en Alemania y redactó una nota para el periódico bogotano El Espectador la semana pasada. "El Gobierno no quiere reconocer la verdad, porque ya de por sí, es difícil de creer".

Traducción: Camila García Durán.


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